La Ley 11/2021 fue aprobada este verano. Una de las materias de regulación es la del uso de efectivo ya que éste facilita las transacciones en B, y por lo tanto a espaldas de Hacienda.
Entre otros implica a profesionales, autónomos y empresarios que se verán sancionados con el 25% de la base, si realizan transacciones en efectivo por importe superior a 1.000€ (el anterior límite era de 2.500€).
Por lo que hemos visto por las cantidades de las que se habla en la ley, de lo que se trata es de vigilar la economía sumergida o lo que en otros ámbitos se denomina el “menudeo”.
Partimos de la base que una economía sumergida desmedida en un país es un gran problema, incluso podríamos decir que estamos ante la “pescadilla que se muerde la cola”, ya que como ya he dicho una economía sumergida desmedida y por lo tanto la evasión de impuestos adelgaza la recaudación de hacienda y por ende la inversión pública. Pero también una mala planificación y una presión impositiva en aumento provocan que resurja la economía sumergida.
Estamos en la actualidad en una sociedad en que la tecnología ha facilitado el hecho de que gran parte del efectivo desaparezca de las calles. Pagar con el móvil, con tarjeta (que incluso se aconsejó por el tema del covid), con el reloj inteligente, sistemas de pago como Bizum, Paypal etc… Todo esto reduce el peligro del dinero en B. El problema está cuando estas transacciones vinculadas a un profesional, empresario o autónomo, están sujetas a imposiciones de comisiones bancarias e impuestos.
Los profesionales, empresarios y autónomos, sobre todo estos últimos, no tienen los medios a su alcance para defraudar a hacienda utilizando sociedades offshore (véase noticia del 6/10) y por lo tanto Hacienda pone el foco en ellos, porque a los Grandes defraudadores solo los ve cuando salen en las noticias los papeles de Panamá o los de Pandora, cuyos implicados realizaron sus evasiones años atrás cuando no décadas.
Y como ya digo, sobre todo los autónomos, han estado y siguen estando (aunque hayan mejorado) bajo una enorme presión fiscal, no teniendo contrapartidas equilibradas con las impositivas.
En ningún caso estoy a favor de la economía sumergida, pero si a favor de un trabajo justamente retribuido. Pensar en que los primeros 8-10 días de cada mes se trabaja para pagar impuestos, es alimento para la economía sumergida. Queremos erradicar en la medida de lo posible el dinero B??, pues en lugar de poner en el foco de presunto defraudador al autónomo, al profesional y al empresario, hagamos un plan impositivo justo que evite las “tentaciones”.
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